Indigna a la ONU uso excesivo de la fuerza de Patrulla Fronteriza

MÉXICO, D.F..- La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su indignación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, y exigió frenar la violencia en las fronteras.

"Lo que está pasando (…) me preocupa. Hay mucha, demasiada gente, joven y adolescentes, que han resultado muertos en la frontera" por la aplicación violenta de las leyes de inmigración, dijo Pillay en Ginebra, donde compareció ante la prensa para repasar la situación de los derechos fundamentales en el mundo.

Añadió:
"Sé que la ministra mexicana de Asuntos Exteriores (Patricia Espinosa) ha condenado enérgicamente los tiroteos y ha manifestado que el uso desproporcionado de la fuerza letal durante las acciones de control de la emigración es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Estoy de acuerdo con esta declaración".
Pillay demandó a los gobiernos de México y Estados Unidos a que "redoblen sus esfuerzos para que investiguen con prestancia y transparencia estos incidentes".

Subrayó:
"Animo al gobierno estadunidense a cooperar con las autoridades mexicanas en su esfuerzo para investigar estas alegaciones. Creo realmente en un acceso eficaz a la justicia y en la reparación judicial para las víctimas y sus familias".

Luego de expresar su preocupación por la recurrencia del problema sobre el excesivo uso de la fuerza gubernamental en numerosos países, urgió a las autoridades "en todas partes a que garanticen que la policía, las patrullas fronterizas y otros miembros de las fuerzas de seguridad estén preparados conforme a los estándares internacionales, tanto en el control de masas como en otras situaciones complejas como la vigilancia de fronteras".

En las fronteras internacionales, denunció, "con demasiada frecuencia los individuos, incluidos los emigrantes, son asesinados, heridos o tratados inhumana e ilegalmente".

Pillay recordó que los estándares internacionales establecen que los funcionarios del Estado "deben, en la medida de lo posible, aplicar remedios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas fuego".

La fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse "sólo si otros medios resultan ineficaces o sin probabilidades de lograr el resultado buscado", explicó. (Apro)