¿Conflicto sin solución?
Por: Marcial Rodriguez Saldaña
La controversia respecto de las reformas a la Ley de Educación en el Estado de Guerrero, derivada de la reforma a la Constitución de la Federación en materia educativa promovida por Peña Nieto, que se ha suscitado entre la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG) convertida en Movimiento Popular Guerrerense (MPG), el gobierno federal y el gobierno de Guerrero, ha escalado a un conflicto político y social de extrema gravedad.
1.- La reforma constitucional educativa de Peña Nieto reconoce la crisis estructural del sistema educativo mexicano, que implícitamente admite que dicha crisis ha sido resultado de quienes han gobernado el país y ahora tratan de enmendarla mediante una reforma que tiene una fuerte oposición en los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Distrito Federal.
2.- La reforma educativa de Peña Nieto ha tenido en su ruta el meter a la cárcel a Elba Esther Gordillo, lideresa vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) encumbrada al cargo por Salinas de Gortari y protegida por los subsecuentes gobiernos del PRI y del PAN. La corrupción en el manejo de las cuotas de los maestros y prebendas otorgadas por el gobierno a Elba Esther y a los líderes del SNTE que la precedieron como Carlos Jonguitud Barrios, ha sido un tema conocido públicamente que debió ser sancionado desde sus inicios, pero mientras sirvieron electoralmente al sistema autoritario se les premió con mucho poder económico y político, y cuando ya no les han servido los han desahuciado.
3.- La mayoría de los mexicanos han aprobado que hayan metido a la cárcel a Elba Esther Gordillo, pero lo que se critica es que no se haya hecho antes y que la hayan encarcelado como una previsión ante una eventual oposición a la reforma educativa promovida por Peña Nieto, es decir, no sustancialmente en un acto de aplicación de la justicia, de combate a la corrupción, sino en una decisión de venganza política.
4.- El problema fundamental de la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto es el contenido y su procesamiento, toda vez que se ha preferido el método de la imposición, frente al camino del consenso; se ha optado por un tratamiento formal-procedimental y ante la ausencia de un proyecto educativo de reivindicación social y de calidad educativa. Los distintos gobiernos federales priorizando la rentabilidad electoral del magisterio permitieron la corrupción de los líderes magisteriales, admitieron la herencia de plazas sin los perfiles indispensables, concedieron prebendas a los líderes, autorizaron comisionados políticos-sindicales y con todo esto provocaron la actual crisis de la educación en México.
5.- Sin este contexto, no se podría entender el actual conflicto político-social-educativo que se vive en Guerrero. La decisión de la mayoría de los diputados locales de Guerrero que no satisface con precisión algunas de las demandas de la CETEG y la reacción de algunos de sus integrantes de irrumpir en las instalaciones de partidos políticos en Chilpancingo, pone el conflicto en un punto crítico.
6.- En una sociedad democrática el derecho a disentir es consustancial, pero ni el gobierno ni los ciudadanos, salvo en casos de opresión, deben acudir a la violencia para dirimir conflictos. La tesis de que el Estado tiene el derecho a la violencia legítima que proclamó Thomas Hobbes está totalmente superada, hoy más bien esta afirmación debe traducirse en la tesis de que el Estado tiene el deber de propiciar la estabilidad social y política.
7.- Si los legisladores locales de Guerrero tomaron una decisión que no satisface la demanda de los miembros de la CETEG y del MPG, a estos les asiste el derecho de oponerse a esta determinación, pero no mediante actos de violencia, sino mediante los derechos de libre manifestación que deben ser respetados por las autoridades federales y locales.
8.- El gobierno federal y estatal pueden optar por el expediente fácil de encarcelar a los dirigentes del movimiento magisterial, pero no se trata de un conflicto entre un pequeño grupo de opositores al proyecto educativo de Peña Nieto, sino de decenas de miles, lo cual convierte al conflicto en un asunto no solamente legal sino político-social.
9.- El actual conflicto en Guerrero pone a prueba a los funcionarios federales y estatales, para buscar por los medios legales pero también de la política una solución, pero sobre todo, debe ser una oportunidad para revisar la esencia el sistema educativo nacional y de Guerrero, para combatir a fondo la corrupción y acordar decisiones estructurales que transformen sustancialmente la educación en México y en nuestro estado.
Twitter: @marcialRS6
