Las batallas por el petróleo: Lorenzo Meyer
LAS ARENAS
La batalla que se está iniciando en México en torno al petróleo -una disputa por el sentido de la reforma energética por venir para determinar a quién beneficia y con qué consecuencias- es parte de una cadena de intereses en conflicto cuyos orígenes se remontan a más de 100 años. En cualquier caso, la lucha por la renta petrolera se ha desarrollado en dos grandes escenarios: uno dominado por los actores internos y otro donde los reflectores los tienen los externos.
Casos de batallas dadas básicamente por y para intereses dentro de los círculos de poder mexicanos hay varios. Por ejemplo, cuando la petroquímica se convirtió en una actividad muy redituable, se presionó con éxito para que esa actividad se subdividiera en dos ramas, de tal forma que "sin privatizar el petróleo" una se abriera al capital privado. Otro ejemplo de pugna interna fue la que desembocó en la partición de Pemex en 1992 en cuatro subsidiarias -exploración y producción, refinación, gas y petroquímica básica y petroquímica- más una considerable cantidad de filiales y organismos subsidiarios que, entre otras cosas, llevó a un aumento notable de la complejidad administrativa pero no necesariamente de su eficiencia. La subordinación de Pemex a la Secretaría de Hacienda fue otra pugna interna, y hay más.
EL ACTOR EXTERNO
Las luchas por el petróleo mexicano más espectaculares han sido esas donde aparecen las fuerzas externas en los papeles centrales. En esta categoría podemos listar al menos una docena de casos, pero si se hila fino se encuentran más. De la primera batalla pocos se dieron cuenta, fue asunto tratado en la cúspide del poder porfirista a fines del siglo XIX e inicios del siguiente. El objetivo fue dar seguridad a la inversión externa modificando la legislación de tal manera que el propietario de los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo -no se tenía idea exacta de cuán importantes eran- no fuera ya la nación sino el dueño de la superficie. Para ello se expidieron las leyes de 1884, 1901 y 1909. Esa batalla fue casi silenciosa y la ganó el capital externo.
El segundo choque ya fue sonoro y tuvo lugar durante el breve gobierno maderista. El motivo fue el impuesto de 1912: veinte centavos por tonelada de petróleo extraído. Ahora ya se sabía que los depósitos petroleros eran importantes, el gobierno buscaba ingresos y las empresas y sus gobiernos se opusieron, sin éxito, a que se modificaran los términos de los contratos originales que sólo comportaban el insignificante "impuesto del timbre".
La tercera batalla fue la de mayor envergadura: en el artículo 27 el constituyente de 1916 retornó la propiedad original de los hidrocarburos a la nación y declaró nulos los términos contrarios a ese principio suscritos por el antiguo régimen con particulares. La preocupación de las grandes potencias con la Primera Guerra Mundial ayudó a que México impusiera su interés sobre el de las empresas, pero cuando Venustiano Carranza en 1918 le quiso dar contenido a tan espectacular reforma, la oposición de los intereses afectados y de sus gobiernos fue tal que Carranza desistió de reglamentar el artículo constitucional.
La cuarta batalla la debió librar Álvaro Obregón cuando Washington se negó a reconocerlo como Presidente a menos que suscribiera un tratado especificando que la nueva Constitución mexicana no se aplicaría retroactivamente a los propietarios norteamericanos. El resultado fueron los "Acuerdos de Bucareli" de 1923. México aceptó la posición norteamericana pese a que contrariaba la letra de la Constitución, pero sólo en el caso de terrenos donde las empresas demostraran que ya hubiesen hecho trabajos de producción o exploración pero no en aquellos que mantenían como reservas. Washington no avaló esta interpretación pero tampoco la rechazó. Esta batalla no fue una derrota total para México.
La siguiente tuvo lugar durante la Presidencia de Plutarco Elías Calles. Este tuvo que dar marcha atrás en la ley reglamentaria que había pasado el Congreso y que limitaba a 50 años la vigencia de los títulos de propiedad expedidos durante el Porfiriato y sólo en el caso de propiedades que se hubiesen trabajado antes de que la Constitución de 1917 entrase en vigor. Lo único que pudo obtener Calles fue que se aceptara cambiar los títulos de propiedad originales por concesiones, pero sin modificar los términos originales.
La sexta batalla fue la mejor: la de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas derrotó en toda la línea a las empresas petroleras y a sus gobiernos al dejar de lado el problema de interpretación del artículo 27 e irse por la expropiación y nacionalización de la industria petrolera argumentando que las empresas extranjeras habían desacatado un fallo de las autoridades laborales en relación al contrato colectivo de trabajo con el recién creado Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La expropiación fue la primera parte de la gran batalla, la segunda fue crear Pemex y lograr que sobreviviera al boicot del exterior.
La séptima batalla se dio durante el gobierno de Miguel Alemán. La presión externa hizo que México firmara contratos-riesgo con empresas norteamericanas, lo que les permitió volver a producir petróleo en México aunque sólo para venderlo a Pemex. Este triunfo parcial del capital externo se neutralizó cuando en los años de 1960 se cancelaron esos contratos.
La octava batalla tuvo lugar cuando Carlos Salinas al negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá no se atrevió a meter la industria petrolera en el marco neoliberal del TLC y la mantuvo como "anomalía" pre globalización y privatización. Como el Cid Campeador, el general Cárdenas, muerto, ganó esta batalla.
La siguiente se dio bajo la Presidencia de Felipe Calderón. En 2008 el gobierno panista trató de abrir la exploración y producción de petróleo en aguas profundas a las grandes empresas internacionales por ser las únicas, se dijo, con la tecnología y el capital para hacerlo. El proyecto de Calderón se vino abajo ante la oposición de la izquierda pero éste logró sabotear con éxito la construcción de las nuevas refinerías demandadas por esa izquierda.
La última batalla donde el factor externo está presente, aunque no abiertamente sino aún tras bambalinas, es la actual. El gobierno de Enrique Peña Nieto se propone, en palabras de Manlio Fabio Beltrones, acabar con "dogmas y falsos nacionalismos" y "compartir utilidades" con empresas privadas que modernicen a un Pemex que ya "no es suficientemente eficaz" (La Jornada, 27 de junio). Sin embargo, la izquierda se opone, apoyada en que un 65% de los ciudadanos rechazan la apertura al capital externo en el sector petrolero (La Jornada, 25 de junio).
El choque actual en torno al petróleo mexicano pone en juego no sólo el carácter futuro de Pemex como la gran empresa pública creada y sostenida por un espíritu nacionalista, sino la política y la seguridad energéticas, la política fiscal, la exterior, la naturaleza de nuestras exportaciones y otros temas relacionados con el proyecto nacional. Por eso, la actual discusión sobre el petróleo nos atañe profundamente a todos y va ser determinante en la naturaleza del futuro mexicano.(Reforma)