Morales brindará apoyototal a su familia
El gobierno de Guatemala negó hoy que el escándalo de corrupción que impacta a la familia presidencial del país, opaque o empañe la imagen nacional.
“Como familia, el apoyo es total, así como el respeto a la ley”, afirmó el presidente Jimmy Morales en torno al caso de corrupción que afecta a su hijo, José Manuel Morales, de 22 años, y su hermano Samuel Morales, uno de sus principales asesores.
Morales fue consultado por periodistas durante una gira por el municipio de El Asintal, sureño departamento de Retalhuleu, donde inauguró una escuela pública financiada por la empresa privada.
El mandatario cumplió hace cuatro días el primero de sus cuatro años de gestión.
El hermano del presidente está sujeto a una investigación por presunta corrupción. El presidente Morales dijo que su gobierno no interferirá en el caso.
A su vez, el vicepresidente Jafeth Cabrera, dijo que se trata de “un proceso judicial como cualquier otro” y que se deberán esperar los resultados de la investigación para aclarar la situación del hijo y hermano del mandatario.
Sostuvo que el posible caso de corrupción de los familiares del presidente, ocurrido cuando todavía no se perfilaba como mandatario, “no representa una pérdida de credibilidad” del actual gobierno.
El presidente Morales, sin experiencia política y que formó junto con su hermano Samuel una pareja de comediantes de televisión, se impuso de manera sorpresiva en las elecciones del 2015 con la lucha contra la corrupción como bandera de campaña.
Analistas coincidieron en señalar que el escándalo debilita la institucionalidad y la imagen del gobierno a nivel nacional e internacional.
El Ministerio Público (MP) y una misión de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado en Guatemala anunciaron la captura este miércoles del hijo y el hermano del presidente Morales.
La fiscal general y jefe del MP, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exfiscal colombiano Iván Velásquez, informaron en una rueda de prensa el arresto de los dos familiares del mandatario y un particular.
El hijo del gobernante se presentó de manera voluntaria ante el juez que lleva el caso, debido a que no fue capturado por la inmunidad de la Casa Presidencial y de los familiares directos del presidente.
Aldana afirmó que las acciones ilegales de los detenidos “comprometieron seriamente” el presupuesto del Registro General de la Propiedad (RGP).
De acuerdo con las investigaciones, los dos familiares del presidente Morales, y otro detenido, Mario Orellana López, ejecutivo de un restaurante capitalino, habrían incurrido en un fraude contra el Estado.
Los implicados son acusados de beneficiarse con un pago de 90 mil quetzales (12 mil dólares) de un contrato por un desayuno de trabajo del RGP para 564 personas que “nunca se realizó”.
El presunto gasto involucró facturas y documentación falsa, atribuida a Orellana López, entonces suegro del hijo del presidente, dijo Aldana.
Otro hecho fraudulento del que acusa el MP a los detenidos se refiere a la compra de canastas navideñas, en la que se comprobó que la transacción fue falsa pero se cobró al Estado un monto de casi 90 mil quetzales
Las transacciones irregulares en que se implica a los tres allegados a la familia presidencial se realizaron en los últimos meses del 2013 y salieron a la luz a raíz de una investigación por corrupción en el RGP.
Por este caso están detenidos 23 personas, incluida la entonces titular de la dependencia, la exdiputada Anabella de León, quien encabezó otro escándalo de corrupción del gobierno anterior (2012-2015).
El entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, titulares del gobierno anterior, permanecen en presión preventivas desde el 2015 acusados de corrupción con pérdidas millonarias para las finanzas del Estado.
Según la investigación, por tres eventos irregulares del RGP en que están involucrados los 23 detenidos, incluidos los dos familiares presidenciales, se pagaron 269 mil 963 quetzales (36 mil dólares), sustentados con facturas y documentos falsos.
El MP acusa a los detenidos de fraude y lavado de dinero y otros activos al utilizar al sistema bancario nacional en los hechos fraudulentos en contra del patrimonio del Estado.
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