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Se resiste consejero a bajar salario

El consejero Benito Nacif impugnó la reducción del 10 por ciento de su salario mensual de 177 mil pesos y, de paso, exhibió el despilfarro de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE).

A principio de año, la Junta General de este organismo acordó reducir en 10 por ciento el sueldo de los 11 consejeros electorales, quienes ahora recibirán 160 mil pesos al mes, además de eliminarles la prestación de telefonía celular.

En opinión del consejero Nacif, el INE excedió sus atribuciones y transgredió principios constitucionales de certeza y legalidad por lo que impugnó la baja de salario ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"La disminución del salario de los consejeros electorales no es conforme a la garantía y protección de los derechos humanos, y es desproporcionada porque hay otras medidas presupuestales que cumplen con mayor eficacia el propósito de ahorro", consideró Nacif en su juicio de protección de derechos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la reducción de salarios generará un ahorro anual de 11 millones de pesos, mientras que el de telefonía celular rondará los 350 mil pesos aproximadamente.

Frente a dichos ahorros, expone Nacif, se debería suprimir la contratación de asesorías y consultorías, la realización de diagnósticos y mediciones de comunicación, así como la adquisición de plantas de energía para las juntas distritales, acciones que darían ahorros por 128 millones 88 mil 641 pesos.

Nacif también puso en duda los estudios y eventos internacionales en materia de educación cívica, cuyo gasto estimó en 27.3 millones de pesos.

El INE concretó ayer jueves la devolución a la Tesorería de la Federación de mil 70 millones 49 mil pesos como resultado de la decisión de no construir su nueva sede de dos torres. A partir del miércoles entraron en vigor, además, las medidas de austeridad que implicarán la reducción en las percepciones de los 11 consejeros y 21 funcionarios de mando del Instituto que integran la Junta General Ejecutiva.

Los recursos devueltos estaban concentrados en el Fideicomiso para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, constituido en Banjército.

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