Campañas, sin rumbo definido ante la violencia

El Siglo de Torreón-AEE

Todavía sin el recuento oficial disponible, 2017 podría ser el año más violento en México en la última década. Hasta noviembre del año pasado, el país sumó 26,573 homicidios que ya le pisan los talones a la cifra récord de 2011, cuando hubo 27,199 asesinatos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Son 80 asesinatos al día que incluyen además a políticos locales de todos los partidos y niveles: funcionarios y exfuncionarios municipales asesinados en distintos estados del país. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) cuenta 21 alcaldes y exalcaldes muertos en 2017: 9 en funciones y 12 que ya habían concluido su período de gobierno. Entre las víctimas también hay aspirantes que querían contender por un cargo local en el proceso electoral del primero de julio próximo.

Esta escalada de violencia en el país, sin embargo, apenas ocupa la atención de los candidatos a la presidencia, quienes han abordado el tema de manera muy superficial y sin una propuesta clara que permita analizar su viabilidad, advierten especialistas.

La violencia "es uno de los puntos más importantes de la agenda, pero hasta ahora los precandidatos no han dicho gran cosa", dice David Ramírez, coordinador del área de seguridad de la organización civil México Evalúa, que el año pasado ésta lanzó la campaña #MxSinHomicidios, la cual busca involucrar a ciudadanos y autoridades -municipales, estatales y federales- en acciones que reduzcan los asesinatos y que incluyan las propuestas de la sociedad civil.

Ramírez concede que la competencia electoral apenas arrancó y que habrá que esperar que avance para conocer mejor las propuestas en seguridad de los aspirantes a la presidencia. Pero hasta ahora los indicios son desalentadores. "En los tres percibimos un grado importante de desconocimiento de lo que pasa en el país, y sus propuestas son el indicador: o están muy lejos de lo que se necesita, o son muy generales y pueden acomodarlas en cualquier lado".

Desde México Evalúa, dice, "no vemos propuestas basadas en diagnósticos, y no ancladas en el sentido común".

México arriba al escenario electoral más complejo de su historia sobre el fracaso de la estrategia anticrimen del presidente Enrique Peña Nieto. Su gobierno, pese a las promesas, no pudo revertir las cifras de inseguridad y violencia que dejó su antecesor panista Felipe Calderón, responsable de emprender la guerra contra el narcotráfico. Juntos estos sexenios suman 234,000 asesinatos y más de 30,000 desaparecidos.

Hay razones que explican el fracaso de la estrategia y la crisis de seguridad que atraviesa el país, dice David Ramírez, de México Evalúa. Entre otras, los rezago en la reforma policial y el sistema penitenciario, y el empantamiento en la implementación del sistema penal acusatorio en los estados. Pero también, y sobre todo, la desatención al Programa Nacional de Prevención del Delito, asegura el especialista.

Esa política, que comenzó durante el sexenio de Calderón, cuando se sentaron las bases institucionales y presupuestales para la prevención, tomó forma con Peña Nieto, afirma. "Durante los primeros 4 años de gobierno recibió un presupuesto promedio de 2,700 millones de pesos". Pero en 2017 el Gobierno federal dejó por completo de lado la prevención, dice. "Le quitaron todo el presupuesto al programa y este 2018 la Cámara de Diputados le asignó apenas 300 millones de pesos sin aclarar a qué destinarán ese dinero".

Además, con la renuncia de Miguel Angel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación (Segob), que tiene a su cargo la política de prevención, hubo también relevo en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. "Es el cuarto en lo que va del sexenio y con sólo revisar los nombres de los titulares (entre ellos Arturo Escobar, expresidente nacional del PVEM) uno puede advertir que el tema al final no fue una prioridad", dice David Ramírez.

"Nunca se entendió que es la prevención social, ni en éste ni en el gobierno pasado", afirma Martín Gabriel Barrón, investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe), quien delinea los "5 grandes temas que atacar para mejorar el clima de seguridad del país". Estos son: educación, trabajo, salud, vivienda y cultura.

Barrón considera que estos son los temas que deberían ocupar a los gobiernos y los candidatos. La estrategia, en cambio, ha sido el descabezamiento de las organizaciones criminales, que ha resultado errada en éste y el anterior sexenio, dice. "La detención o privación de la vida de líderes de organizaciones delictivas no elimina en automático el problema de la delincuencia organizada". Al contrario, lo que ha provocado es su multiplicación. Barrón explica que al inicio del siglo XXI había en el país 7 grandes carteles vinculados al tráfico de drogas. Luego con Calderón, derivado de la lucha la narcotráfico, éstos se fraccionaron en 89 subgrupos, y ahora hay aproximadamente 130.

"Las autoridades afirman que son 9 grandes grupos, pero olvidan todas sus fracciones en los estados", afirma. "Esto complica mucho la situación porque al mandar a la cárcel o privar de la vida a algún líder, viene un desajuste en la organización interna del grupo delictivo y un clima de violencia en la lucha por el relevo".

Estos errores, rezagos y la falta de estrategias eficaces para combatir y prevenir el crimen ha provocado, por lo tanto, el incremento de la violencia en el país, con sus matices regionales, aclara David Ramírez. Aunque el denominador común, afirma, es la debilidad institucional. "No se han solucionado los problemas de las instituciones encargadas de la seguridad". Y de las consecuencias no se salvan los partidos ni sus políticos.

 POLíTICOS NO ESTáN EXENTOS

Diciembre fue un mes de sangre en los municipios. Hubo al menos 7 asesinatos de alcaldes, exalcaldes y aspirantes a ocupar ese cargo en todo el país, así como de otros funcionarios municipales y políticos.

El PRD fue el partido más afectado en esta racha, pues en una sola semana sumó 4 asesinatos de militantes en distintos municipios.

Las víctimas fueron Saúl Galindo, diputado local de Jalisco; Arturo Gómez, alcalde de Petatlán, Guerrero; Juan José Castro, excandidato a la alcaldía en Mexicali, Baja California, y Gabriel Hernández, regidor en el municipio de Jalapa, Tabasco. Pero los políticos locales asesinados durante 2017 son de todos los partidos.

"Es un tema muy delicado para la gobernabilidad del país y enrarecen el clima electoral", afirma Enrique Vargas, presidente de la ANAC, quien afirma que ya solicitaron reuniones con la Segob para revisar los protocolos de seguridad para alcaldes o candidatos en los municipios.

"EN ANAC no tenemos hasta el momento algún caso de amenaza, pero si lo hubiera es necesario contar con medidas efectivas para brindar protección inmediata", dice el también alcalde panista de Huixquilucan.

Para ANAC, el motivo de los asesinatos y agresiones a funcionarios, exfuncionarios y candidatos en los municipios se debe a que la delincuencia organizada es cada vez más fuerte y penetra más en estos ámbitos de gobierno.

"Son señales de control", dice. Por eso advierte que es muy importante que el Ejecutivo federal intervenga para frenar la violencia en los municipios, que son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. "Si estas mafias se apoderan cada vez más de los territorios municipales y de los cargos de gobierno habrá un problema enorme para el país", afirma.

La presión de los grupos de delincuencia organizada sobre las autoridades municipales es un hecho, afirma Barrón. "Tiene coptado un mercado en diversas regiones del país, y evidentemente lo protegen de sus grupos rivales y mediante el apoyo -obligado o no- de autoridades de cualquier orden", explica.

La situación puede ser peor en los contextos electorales, afirma, porque generan incertidumbre incluso entre la delincuencia organizada. "Estos grupos también están interesados en saber quién puede ganar para conocer sus posibilidades", dice Barrón.

Si está en riesgo su influencia en los territorios donde operan, advierte el especialista, estos grupos recurren a actos de violencia como los asesinatos. "Ya sea de funcionarios que al hacer bien su trabajo significan un riesgo, o de aquellos que colaboran con grupos rivales", dice.

El especialista atribuye a estos reacomodos los repuntes de violencia que en algunos casos se observan en los relevos de gobiernos en los estados, como ocurre ahora en Chihuahua, donde la violencia ha escalado a partir de que comenzó la administración del panista Javier Corral, el año pasado. "Son reajustes de las actividades delincuenciales en función de los cambios de autoridad", afirma.

David Ramírez es más escéptico al respecto. Asegura que México Evalúa no observa una relación directa entre períodos electorales y alguna variación en las capacidades institucionales y la violencia. Sí ven en cambio que los estados no están invirtiendo recursos en incrementar sus capacidades institucionales contra la inseguridad porque recurrir al Ejército ha sido una manera fácil y rápida de intentar convencer a sus votantes de que están haciendo algo por la seguridad, aunque en realidad lo hace la Federación. "Si algo sale mal se lo achacan a las fuerzas federales y no a las estatales, pero ellos no hacen lo que deberían. Es un sistema de incentivos perversos", explica.

Pero las señales de la violencia están por todo el país y las autoridades no son ajenas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya identificó cuatro estados como focos rojos para la elección de julio próximo. Estos son: Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Michoacán. La Segob, por su parte, ha firmado convenios de seguridad con la autoridad electoral y los estados, y descarta riesgos graves para el proceso. Pero la preocupación existe entre los alcaldes, que incluso han diseñado sus propios protocolos de seguridad, de acuerdo con el presidente de la ANAC.

El crimen ya le cobró a cada partido una cuota. Ahora el país espera que el próximo presidente pueda por fin borrar la violencia de la agenda política. Aunque los indicios de las campañas no son alentadores.

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 POLíTICOS

Fueron asesinados en el año pasado en el país.

 DAVID RAMíREZ

El universal

Sin propuestas reales ante problema

A partir del jueves 14 de diciembre arrancaron las precampañas de los partidos para elegir a su candidato a la presidencia. Mero formalismo, porque los contendientes ya están definidos: José Antonio Meade, por la coalición Todos por México que integran PRI, Partido Verde y Panal; Andrés Manuel López Obrador que va con el Partido Encuentro Social y el PT en la alianza Juntos Haremos Historia; y Ricardo Anaya por PAN, PRD y Movimiento Social que forman "México al Frente".

Hasta ahora sólo López Obrador presentó formalmente al equipo que eventualmente será responsable de la política de seguridad si él gana la Presidencia, y de manera muy general dio a conocer las acciones que emprenderá para cambiar de manera total -ha dicho- la estrategia contra la inseguridad y la violencia.

Durante la presentación de su plataforma de seguridad, que encabezaría el expriista Alfonso Durazo, sus principales propuestas fueron: reactivar la Secretaría de Seguridad Pública, crear la policía turística y el colegio nacional de seguridad pública, hacer nacer la Guardia Nacional (una figura heredada del siglo XIX que existe en la Constitución, pero que nunca ha operado), rediseñar la Plataforma México y proponer penas alternativas a la prisión. Pero la más controversial fue la posible amnistía para delincuentes, una idea que expresó el 3 de diciembre en una declaración a la prensa y que no está en su plan de seguridad.

Su propuesta levantó polvo entre sus adversarios políticos, que aprovecharon el saque de López Obrador para soltar algunas de sus propuestas. Meade, por ejemplo, propuso atacar las estructuras financieras de los narcotraficantes.

"Tenemos que acabar con el dinero de los cárteles y tenemos que hacer del centro de nuestra estrategia la inteligencia y el combate a los recursos ilícitos", dijo el precandidato único del PRI a la presidencia. En sus actos de precampaña también ha planteado que "la seguridad pasa por el control de armas, la cooperación entre niveles de gobierno y la investigación contextualizada".

Anaya, por su parte, consideró que lo primero es "reconocer el problema, porque 2017 ha sido el año más violento de los últimos 20 años".

Su oferta, que vendió con la frase "Más inteligencia y menos balas", acabar con la corrupción y la pobreza extrema, reducir la desigualdades y recuperar la paz y la tranquilidad con una estrategia eficaz. Nada menos.

También ofreció recuperar los espacios públicos, recuperar la capacidad de las policías estatales y municipales para evitar que el Ejército siga supliendo sus funciones, decomisar bienes a la delincuencia organizada y poner orden a los penales.

Pero ninguno ha dado mejores señales de lo que será la política de prevención que, para los especialistas, es la clave para que a mediano y largo plazos el país puede cerrar por fin la puerta a la violencia.

Mexicanos temen por su seguridad

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