IMSS, parteaguas de la salud en el país

El Siglo de Torreón-AEE

Abel Morales Rodríguez, habitante del barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, fue el primer trabajador derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Sociales (IMSS), registrado el 12 de julio de 1943 con salario de 3 pesos diarios y el oficio de "rayador" en un salón de billares.

El mismo día ese negocio, propiedad de la señora Concepción Fuentes Martínez, se convirtió en la primera "empresa" dada de alta ante la institución que por decreto creó el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, el 19 de enero de 1943, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación su ley correspondiente.

Así comenzó, hace 75 años, la historia de la institución de protección social y atención a la salud más importante para los mexicanos, que hoy atiende a 64 millones de derechohabientes, entre asegurados, pensionados y sus familiares. Esto equivale a casi la mitad del país.

Aunque sus finanzas han mejorado, de acuerdo con sus informes financieros, el IMSS todavía enfrenta el reto de sus pasivos en el régimen de jubilaciones y pensiones de ex trabajadores, que cada año aumenta 10,000 millones de pesos y actualmente ascienden a 2.5 billones de pesos, lo cual equivale a 12% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, en 2016 y por primera vez en 35 años, el IMSS tuvo un superávit de 6,388 millones de pesos, que aumentó a casi 8,000 millones (de manera preliminar) en 2017, con ingresos que suman 290,000 millones de pesos y una meta de recaudación para este año de 310,000 millones de pesos.

Las cifras apenas ilustran la dimensión de las operaciones que todos los días lleva a cabo el IMSS, que además de los servicios de salud también protege a los trabajadores y sus familiares de eventos que ponen en riesgo sus ingresos, y apoya el cuidado infantil para las madres y padres trabajadores durante su jornada laboral.

"Sin duda se trata de la institución más importante en el ámbito de la seguridad social", dice Jerónimo Estrada, analista financiero. "Pero las pensiones son una presión que será insostenible si el país no encuentra una salida".

Por eso considera necesario hacer cambios en la Ley del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) para aumentar el ahorro obligatorio, la edad de retiro y lograr un sistema único de pensiones. "Ya hay una propuesta de reforma -afirma-, pero está detenida en el Congreso desde 2013".

Cuando el IMSS comenzó a brindar atención médica en un hotel que se convirtió en hospital, ubicado en la calle 16 de Septiembre del centro de la Ciudad de México, la esperanza de vida en este país era de 50 años. Había aproximadamente 20 millones de habitantes, sólo 4% sobrepasaba los 60 años y la gente moría por lo regular de trastornos infecto-contagiosos, parasitarios y traumatismos, de acuerdo con el doctor Guillermo Fajardo-Ortiz, autor del artículo "Setenta años de medicina en el Instituto Mexicano del Seguro Social".

Hoy en México la esperanza de vida es de 75 años, la gente muere sobre todo de enfermedades crónico degenerativas (más largas y costosas), hay casi 120 millones de habitantes y 9% tiene 60 años o más. Pero para 2050 este porcentaje aumentará a 25% -más de una cuarta parte de la población-, de acuerdo con las proyecciones del Inegi.

Eso significa habrá un enorme contingente de personas adultas mayores que necesitarán una enorme y costosa red de seguridad social que, según la ley, incluye asistencia médica, protección de los medios de subsistencia, servicios sociales necesarios para el bien personal y colectivo, y una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En el IMSS tienen derecho a esta protección las personas derechohabientes registradas por algunos de sus dos regímenes: obligatorio para el caso de trabajadores asalariados, miembros de cooperativas y estudiantes (por decreto presidencial de 1998), o voluntario para quienes no son asalariados. Este esquema obliga el pago de una cuota, mientras el primero se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los propios trabajadores y cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales.

De entre todos, los más costosos para las finanzas públicas son las pensiones y jubilaciones.

En el Informe al Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión sobre la "Situación financiera y los riesgos del IMSS" en su edición 2013-2014, se anota que el fondo creado para sostener el régimen de jubilaciones y pensiones está agotado desde 2013.

Para cubrir el déficit que en 2015 y 2016 se estima que alcanzó los 18,500 y 21,250 millones de pesos, respectivamente, el IMSS ha tenido que echar mano de la Reserva Financiera Actuarial.

Estos enormes montos, sin embargo, no se traducen en la garantía de una vejez en condiciones de bienestar para los mexicanos, aun como derechohabientes del IMSS.

Muy al contrario, la situación es apremiante, dice Estrada. Por eso "son necesarios cambios en la Ley del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) para aumentar el ahorro obligatorio, la edad de retiro y lograr un sistema único de pensiones".

Ya hay una propuesta de reforma a la Ley del SAR, pero está detenida en el Congreso desde 2013. Mientras tanto, el tiempo corre para quienes avanzan hacia la edad del retiro y recibirán apenas 26% de su salario, es decir, 26 pesos por cada 100 de ahorro. O 2,600 pesos si su sueldo fue de 10,000 al mes.

Eso si acaso tienen un contrato y gozan de prestaciones, porque actualmente más de la mitad de los trabajadores no recibe prestaciones y sólo 4 de cada 10 tienen una cuenta de retiro.

 EL RETO DEL RETIRO

Durante las dos décadas de operación de las afores, estas administradoras privadas han registrado 58 millones de cuentas -de las cuales hay activas 20 millones- y administrado 3 billones de pesos que equivalen a 14.6% del PIB, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Para las 11 empresas administradoras de estos fondos, el esquema de retiro que comenzó a operar en julio de 1997 resulta un buen negocio, aun cuando la aportación mensual de los trabajadores apenas equivale a 6.5% de su salario.

Este porcentaje -que ya suma las aportaciones del patrón, el gobierno y el empleador- equivale a un ahorro anual de 80% del salario mensual del trabajador. Esto significa que en un año no ahorra ni un mes de sueldo.

Ese trabajador de 65 años dispondrá de menos 300,000 pesos para sus siguientes 15 años de vida, tal vez, lo que significa que contará con 20,000 pesos al año o 1,600 mensuales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han advertido de los riesgos que enfrenta el país ante un esquema que arrojará a miles de mexicanos a una vejez en situación de pobreza.

La OCDE ha advertido que el sistema de pensiones en México enfrenta como principal problema una aportación insuficiente: de apenas 6.5% del salario frente a 11.5% que tiene Colombia o 19.7% de Suecia.

Esta tasa de contribución coloca a México en el sótano de la OCDE y apenas por arriba de Costa Rica (4.2%). Por eso "es necesario aumentar la contribución a 13% o 15% del salario", dice Estrada. Pero ese nivel de ahorro no es fácil en un país donde cada vez son menos los trabajadores con prestaciones que pueden tener acceso a una pensión.

La OCDE reconoce este rezago salarial y por eso ha recomendado al país incrementar las aportaciones mediante un mecanismo que de manera gradual aumente el porcentaje conforme sube el salario de los trabajadores.

También considera necesario integrar la cuenta del fondo de ahorro para la vivienda, promover el ahorro voluntario y, lo más controversial, eliminar el sistema de reparto que todavía beneficia a quienes comenzaron a cotizar antes de 1997.

Estos trabajadores tienen la opción de elegir entre una afore o el régimen de la Ley del IMSS de 1973 con derecho a una pensión que se calcula con base en el salario promedio de los últimos 5 años y el número de semanas cotizadas.

Ellos pueden solicitar su retiro a partir de los 60 años con una pensión equivalente a 70% de su salario promedio, de 80% a partir de los 61, de 85% a los 62, 90% a los 63, 95% a los 64 y 100% a los 65 años. Si trabajan un año más después de los 65 años la tasa de reemplazo aumenta 0.6 puntos porcentuales en el caso de un salario mínimo y 2.5% para los salarios que sobrepasen seis veces el salario mínimo. Los trabajadores que aportan a las afores, en cambio, sólo recibirán el ahorro acumulado en su cuenta individual de retiro.

La OCDE recomienda eliminar el sistema de reparto porque tiene un alto costo para las finanzas públicas: hasta 50% de los recursos del IMSS, de acuerdo con cifras oficiales. A esas cifras hay que agregar las pensiones que cargan sobre sus espaldas los gobiernos de los estados, las universidades públicas y las ahora empresas productivas del Estado (Pemex y la Comisión Federal de Electricidad).

Pero legisladores advierten que esa no es la opción. "Debe modificarse el sistema, pero no en el sentido que los que tenemos derecho al sistema de reparto nos movamos al de cuentas individuales, por el tiempo que nos queda de vida laboral", advirtió la diputada Araceli Damián, presidenta de la Comisión de Seguridad Social.

"Antes las personas dejaban de trabajar a los 60 años, y podía ser que murieran a los 65 o 70 años, entonces serían de 5 a 10 años de pensión. Ahora lo que sucede es que se jubilan a los 60, pero pueden llegar a vivir hasta los 85, lo que significa que ya son 25 años en que hay que pagarles la pensión", dijo.

Las cifras son desalentadoras y perfilan un país de viejos pobres.

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