CNDH, preocupada por aval de SCJN a inspecciones sin orden judicial
La CNDH manifestó su preocupación por los artículos del código penal nacional que la SCJN avaló para que la policía realice inspecciones a personas y vehículos sin orden judicial, ya que no disminuyen la violencia y violarían libertades básicas de los ciudadanos.
En opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, contraviene principios procesales y directrices básicas del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En dichos recursos, la CNDH argumentó que los artículos 132, fracción VII, 147, tercer párrafo, 251, fracciones III y V, 266 y 268, podrían vulnerar la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad.
Asimismo, el organismo cuestionó la facultad otorgada a la autoridad policial para llevar a cabo la inspección de una persona o su vehículo por la “simple” existencia de una “sospecha razonable”.
Con dicha acción, buscó brindar seguridad jurídica, especialmente a mujeres y menores, al evitar que la ambigüedad de los preceptos impugnados siguiera propiciando la subjetividad para que las autoridades inspeccionen a personas, sin mediar orden judicial o parámetros objetivos para justificar la realización de tales actos “de molestia”.
Señala persistencia de detenciones arbitrarias
Al respecto, señaló que las detenciones arbitrarias han sido unas de las principales causas de inconformidad ante la CNDH en los últimos años, pues se han registrado diez mil 225 quejas por este motivo entre 2007 y 2017, tan sólo en el ámbito federal.
Por lo anterior, la CNDH y las comisiones estatales realizan un informe sobre este tema para determinar sus causas a nivel nacional, cuestión que resulta de particular importancia, pues con frecuencia las detenciones injustificadas se vinculan a otras violaciones a derechos humanos de mayor gravedad como tortura, tratos degradantes o desapariciones.
Además, el organismo informó que continuará recibiendo denuncias y documentando los excesos en la aplicación de los preceptos cuya constitucionalidad se resolvió, a la vez que promoverá la certificación del personal de las instituciones policiacas, así como que se formulen protocolos de actuación que prevean mecanismos de supervisión externa y una debida rendición de cuentas.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
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