Crímenes en Coahuila, base de investigación
El siglo de torreón - AEE
Los crímenes atroces cometidos en Coahuila son el argumento para reclamar hoy en México un mecanismo internacional que investigue de manera independiente los casos graves de violaciones de derechos humanos, la corrupción, la impunidad y la colusión entre las autoridades y el crimen organizado.
Esta es la demanda que sostiene el informe "Corrupción que mata. Por qué Mexico necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad", elaborado por Open Society Justice Initiative y 8 organizaciones de la sociedad civil.
Jan Jarab, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, dijo que cuando la corrupción es sistemática los estados pierden su capacidad de evitar violaciones graves de derechos humanos con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos.
Eso demuestra el informe presentado ayer en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, que parte de la investigación que en 2016 llevó a la cabo Iniciative Justice en Coahuila sobre la masacre cometida por Los Zetas en el poblado de Allende, en marzo de 2011, y el control que mantuvieron en el penal de Piedras Negras, convirtiéndolo en "un campo de exterminio de facto y base de operaciones para promover su reinado de terror".
Sobre el caso Allende el informe anota: "Ahora está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas - por ejemplo, miembros de la policía local - pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios. Aunque algunos policías locales y empleados penitenciarios han sido arrestados y procesados, la complicidad oficial parece extenderse más allá de estos funcionarios de bajo nivel.
Agrega: "De hecho, hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos. Independientemente de la forma, tal corrupción tuvo el mismo resultado mortal. Ahora se necesita una investigación detallada para responder a las numerosas preguntas planteadas sobre la aparente complicidad de los funcionarios".
Por eso esos casos sirvieron de base para concluir que en México necesita "un mecanismo internacional integrado por personal nacional y extranjero, con autoridad para investigar de manera independiente -y eventualmente perseguir- los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados con ellos".
De 2016 en que se llevó a cabo la investigación de esos casos en Coahuila a la fecha, la situación en México no sólo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado", afirmó James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative.
Como ejemplo de su diagnóstico mencionó que en México más de la mitad de los desaparecidos han sido reportados en los últimos 6 años, la tortura sigue siendo "una práctica rutinaria y generalizada en los ámbitos estatal y federal" y "los crímenes atroces siguen debido en parte a la incapacidad de investigar y procesar a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos".
Solo una cosa es igual, agregó: "La impunidad que ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano".
Ina Zoon, oficial de políticas de Open Society, afirmó que a partir de la investigación de 2016 en Coahuila, hay cada día más indicios que reafirman que en México se cometieron crímenes de lesa humanidad.
"En estos crímenes -dijo- hay patrones sistemáticos de colusión endémica entre las autoridades y el crimen organizado", que calificó como "un monstruo que creció demasiado y tiene demasiado poder, dinero e influencia para creer que él mismo se va a destrozar".
Por eso consideró "vital" reconocer que es necesario investigar para añadir información sobre lo que pasa, porque los informes elaborados por Justice Iniciative sólo son "la superficie" de una situación más grave y "no hay esperanza de que mejore", dijo.
"Sobre todo, cuando se ha aprobado una Ley de Seguridad Interior, no hay progreso en la fiscalía independiente y en lo que va de la campaña (electoral) no hemos escuchado las palabras desaparecidos ni derechos humanos".
Por eso, consideró que no es poco decir que México debe pedir apoyo internacional y que la idea de un mecanismo internacional no es reciente, frente al fracaso que ha significado el caso Coahuila.
"En Coahuila lo hemos intentado todo: desde diálogo, mesas de trabajo, diagnóstico con expertos internacionales, asistencia técnica internacional, son años y los resultados son casi nulos", afirmó.
'EL PAíS MáS IMPUNE DE LAS AMéRICAS' En el país los resultados no son mejores, como evidenció James Goldston con algunas cifras que evidencian por qué México es el país más impune de las Américas.
Por ejemplo, dijo que de 2009 a julio 2016 sólo 16% de las acusaciones de homicidio tenían condena, que antes de 2016 había nada más 11 condenas por desaparición forzada, de las cuales 6 habían ocurrido antes de 2006, y que hasta abril de 2015 sólo se reportaban 6 condenas por tortura con hechos posteriores a 2008.
Goldston afirmó además que el principal impedimento para rendición de cuentas y la justicia en el país es la obstrucción política en todos niveles y la corrupción.
Por eso ahora es más frecuente que muchos de los crímenes de los cárteles sean perpetrados en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos ante la falta de sanciones contra esos servidores, dijo.
Explicó que el costo de la corrupción no sólo se traduce en pérdidas económicas. También en pérdida de confianza, seguridad y certeza en las instituciones del país, lo que genera recelo y "frustración civil", porque la gente se pregunta: "Cuánto tiempo más se necesita para una nueva cultura de justicia" dijo Goldston.
Las organizaciones civiles que participaron en la elaboración del informe advirtieron que el Estado de derecho en México está "roto" y que ante la grave problemática de corrupción e impunidad es necesaria ese mecanismo internacional, integrado por expertos nacionales y extranjeros, imparciales e independientes, que puedan investigar los crímenes atroces cometidos en México, desde la perspectiva internacional, dijo Michael Chamberlin, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Los representantes de las organizaciones explicaron además que un mecanismo internacional es menos vulnerables a intereses fácticos y partidistas, y podría ayudar a construir a la independencia y autonomía de las fiscalía y del Poder Judicial en México.
Consideraron que el acompañamiento internacional es un componente esencial para garantizar la independencia de las investigaciones y reestablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal mexicano.
"Si la impunidad continúa y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes", dijo Goldston.
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