Grave déficit en universidades
Las 34 universidades públicas estatales (UPES) que operan en el país tienen un déficit actuarial de casi 1.3 billones de pesos generado por sus sistemas de pensiones y jubilaciones, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta cantidad representa la cuarta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2018. En este año, fue de 5.27 billones de pesos.
En la fiscalización de la cuenta pública 2017, la auditoría encontró que "con base en las valuaciones actuariales, se estimó que el valor presente de las pensiones y jubilaciones a 2017, sin el apoyo del gobierno federal, sería de 1 billón 289 mil 088 millones 741.3 mil pesos".
El fondo presupuestal que entrega el gobierno federal como apoyo a las universidades no alcanza para liquidar la deuda: por cada 10 pesos de deuda generada por los sistemas de pensiones y jubilaciones, el fondo tiene 4.1 pesos para hacer frente a los pasivos referidos.
Tan sólo en 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó a 28 universidades para abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones 589 millones 310 mil 500 pesos.
El dinero se entregó a las instituciones sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó a reducir los problemas financieros de las UPES y lograr su viabilidad, destacó la auditoría.
El riesgo, encontró la ASF, es "erogar recursos de forma inercial" sin conocer el beneficio que representa para 200 mil 100 trabajadores que tienen derecho a pensión.
"Sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial sin conocer el beneficio en los miles de trabajadores de las UPES, con derecho a pensión. Las fallas han sido de ambas partes".
La SEP realizó un diseño "deficiente" del programa, sin un diagnóstico de la situación actual de las universidades, sus necesidades de recursos y las reformas que tendrían que hacer para adecuar sus sistemas de pensiones. Tampoco estimó los montos financieros máximos para entregar a cada institución: no garantizó que el dinero fuera sólo para las universidades, ni calculó el tiempo que se debe entregar este programa para resolver el problema financiero.
Tampoco estableció los mecanismos para otorgar el dinero únicamente a las instituciones que cumplieran los requisitos para obtenerlos, "no se garantizó que la aplicación y comprobación de los recursos se realizara con transparencia y rendición de cuentas".
Ninguna de las 28 universidades que recibieron recursos en 2017 cumplió a totalidad los requisitos para obtener este apoyo.
Más información en El Siglo de Torreón