Por inversiones, el NAIM revive
El tema del Aeropuerto Internacional de México (NAIM) revivió luego de que nuevo gobierno federal anunció que las obras en Texcoco debían seguir -pese a la cancelación del proyecto derivado de la consulta ciudadana- hasta finiquitar su situación financiera para evitar demandas de los inversionistas.
La decisión formal ocurrió el domingo pasado, durante la primera reunión de nuevo consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la empresa pública que constituyó el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto para llevar a cabo la obra.
El consejo está presidió ahora por Javier Jiménez Espriú, nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, y por Gerardo Ferrando Bravo, nuevo director general de GACM.
Ellos, junto con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, son los responsables de diseñar una salida para resolver el intrincado diseño financiero que puso en marcha el pasado gobierno para financiar el aeropuerto en Texcoco.
De antemano, las autoridades sabían que había el riesgo de que los inversionistas demandaran al gobierno por el incumplimiento de sus obligaciones financieras.
De hecho, inversionistas y acreedores del nuevo aeropuerto esperaban una definición del nuevo gobierno para evaluar los pasos legales a seguir luego de cancelación. Incluso ya estaban en conversaciones con el despacho de abogados Hogan Lovells en México y Nueva York, informaron fuentes cercanas al GACM.
Con ellos han estado en contacto representantes del gobierno de López Obrador para buscar los mecanismos que permitan el reembolso de sus inversiones. Pero en tanto el gobierno federal no llegue a un acuerdo con ellos, no podrá detener la obra pues incurriría en una falta de cumplimiento en los contratos.
FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOSPara financiar la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco, el gobierno recurrió a fondos públicos y privados a través de distintos mecanismos para costear una obra que en 2014 estaba prevista en 120,000 millones de pesos (mdp) y para 2018 ya se calculaba en 285,000 mdp.
El esquema financiero siempre resultó opaco, según investigación de la organización civil PODER, especializada en la investigación de empresas privadas. En el proyecto "Torre de Control dio cuenta del enredo de fideicomisos creados para financiar el aeropuerto.
Allí, básicamente lo encontró el equipo de poder fue "un círculo de endeudamiento que parece nunca terminar, ya que se contrató deuda para pagar otras deudas existentes", dijo Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER.
Es esquema no es nada fácil, pues se diseñaron mecanismo para evitar que los recursos de los créditos contratados para el financiamiento -ya fueran deuda o emisión de bonos- fueran considerados deuda pública.
La primera fuente de financiamiento fueron los recursos presupuestales. De acuerdo con documentos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en los ejercicios fiscales de 2015 a 2018 el proyecto de nuevo aeropuerto tuvo asignados al menos 39,000 mdp de recursos públicos, aprobados por el Congreso.
Ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión a la Cuenta Pública 2016, alertó que el GACM había fallado en hacer una distinción clara respecto a cuánto había de recursos públicos y cuánto de recursos privados, en las ampliaciones presupuestales que aprobó la Secretaría de Hacienda en su momento.
"Los recursos ejercidos por el GACM reportados en Cuenta Pública no se presentan de manera segregada de forma que se identifiquen los montos de la fuente privada y fiscal", indicó la ASF.
Un ejemplo: En 2016, en el ramo 09 de Comunicaciones y Transportes, fueron aprobados 5,500 millones de pesos para inversión física en el Nuevo Aeropuerto, y ya en el reporte de la Cuenta Pública, se indicó que el gasto ejecutado fue de casi 37 mil millones de pesos. Es decir, 548% más.
Aunque en una nota se precisó que en el presupuesto modificado y ejercido habían sido considerados 31,600 millones de pesos de una partida adicional (46101 Aportaciones a fideicomisos públicos con tipo de gasto 9), no se precisó cuánto de ese dinero había sido de recursos PEF, y cuánto de recursos privados.
Si no se distinguen recursos fiscales y privados, de acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública y la ASF, de 2014 a 2018 la asignación de gasto para la construcción del Nuevo Aeropuerto ha sido de al menos 85,000 mdp. Poco más de un tercio del total estimado, con la expectativa de que el aeropuerto estuviera listo para operar en 2020, en una primera etapa.
El caso es que había de reunir 13,300 millones de dólares (mdd), por lo menos, para pagar el aeropuerto. De esa cifra, según la pasada administración del GACM, ya tenía reunidos aproximadamente 10,000 mdd.
¿Cómo? Al poner a la venta los bonos verdes -papeles que compran los inversionistas a cambio de un rendimiento a un plazo fijo- obtuvo 6,000 mdd, otros 1,600 mdd los obtuvo por medio del fideicomiso de inversión denominado Fibra E -en el que invirtieron las Afores-, 1,000 mdd más los consiguió con una línea de crédito revolvente y 1,250 millones de dólares provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Tanto el pago de bonos como la línea de crédito y las inversiones a través de la Fibra E se pagaría con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), es decir, el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto internacional Benito Juárez y, posteriormente, del nuevo aeropuerto.
"Con la TUA se pretendía pagar todos los créditos y emisiones de bonos del proyecto, es decir, era el aval", explicó Lamberti.
Ya en su momento Jiménez Espriú había acusado que el esquema de financiamiento del aeropuerto de Texcoco era ilegal porque no se consideraron como deuda pública los préstamos que había obtenido el GACM, utilizando un fideicomiso y colocando como garantía de pago los ingresos de la TUA.
"Una deuda pública, se ha disfrazado de deuda privada", dijo en entrevista, el 26 de abril.
COMPROMISOS A PAGARCancelado el proyecto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe pagar la línea de crédito y devolver su dinero -con rendimientos- a quienes compraron bonos verdes o invirtieron a través de la Fibra E.
Lo primero que ha decidido es resolver el tema de los bonos adquiridos en el mercado financiero y por eso este lunes lanzó la oferta de recompra por 1.8 mil millones de dólares de los bonos. Es decir, les ofrece comprar los bonos que los inversionistas habían adquirido, pero tendrá que convencerlos de la conveniencia, lo que podría llevar algunos meses, de acuerdo con fuente de Hacienda.
Los bonos verdes son instrumentos que permiten obtener fondos, se pagan a cierto plazo, con sus respectivos intereses, y tienen como peculiaridad que los recursos que presten los inversionistas o tenedores deben ser utilizados para obras que procuren el cuidado del medio ambiente.
"Todo bono es deuda para el emisor. Así sea el gobierno o sean las corporaciones privadas, o incluso organismos no gubernamentales", explica el economista Raymundo Tenorio.
Por eso, el gobierno debe compensar con la oferta de recompra los interesas que esperaban ganar los inversionistas para convencerlos de vender.
Los bonos que el gobierno busca recomprar son parte de un total de 6,000 mdd en papeles emitidos para financiar el aeropuerto y el objetivo es evitar la caída de su valor en el mercado, lo que impactaría en la confianza de los mercados.
El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) será el que lleve a cabo la transacción dirigida a los inversionistas que tienen los bonos del aeropuerto, explicó Hacienda.
La dependencia expuso que la recompra se hará en efectivo por una porción de bonos y pedirá el consentimiento de los tenedores de los papeles para realizar ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados. Hacienda no precisó en el comunicado el tamaño de la porción que recompra ni su equivalente en dólares.
Hacienda detalló que las dos acciones que buscará MEXCAT son comprar una parte de la deuda vigente con lo que prevé reducir el apalancamiento del fideicomiso "de forma significativa".
La otra acción es modificar los convenios de emisión de cada uno de los bonos, y también los acuerdos relacionadas con éstos para eliminar "ciertas obligaciones" y eventos de incumplimiento "relacionados con el proyecto de Texcoco".
A ello se suma buscar el liberar el gravamen sobre la TUA y otros activos provenientes de un potencial Aeropuerto en Texcoco, añadió.
Los bonos seguirán siendo garantizados por los derechos del cobro de la TUA y otros activos del Aeropuerto Benito Juárez.
"Las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el Aeropuerto de Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de certificados emitidos por la Fibra E del Aeropuerto de la Ciudad de México", dijo Hacienda.
Por lo pronto, los analistas consideran que la negociación llevará algunas semanas si no meses.
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