La Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en México
Los cinco ministros de la Primera Sala, conformada por cuatro hombres y una mujer, revisaron el caso presentado por GIRE en relación a los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal. Estos artículos imponían penas de prisión para aquellos que llevaran a cabo abortos voluntarios en instituciones de salud federales.
Es importante destacar que la ley permitía la interrupción del embarazo en casos de violación, malformaciones o riesgo para la vida de la madre.
En esta revisión, los ministros Alfredo Gutiérrez, Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara votaron a favor de la despenalización total en la ley federal. Por otro lado, Margarita Rios-Farjat y Jorge Pardo argumentaron que la despenalización debería aplicarse únicamente a los demandantes del caso.
A pesar de que el Código Penal Federal sancionaba el aborto, en la práctica, era poco común que la Fiscalía General de la República persiguiera este delito. De acuerdo con un recuento del diario Reforma, entre 2001 y 2019, solo se registraron 14 casos de persecución judicial por aborto.
En septiembre de 2021, el pleno de la SCJN emitió una sentencia en la que declaraba constitucional el derecho a la interrupción del embarazo, basándose en una controversia relacionada con la ley en el estado de Coahuila. Sin embargo, esta decisión otorgaba cierta flexibilidad a los estados para mantener la penalización, lo que llevó a demandas individuales, como la presentada recientemente por GIRE contra la legislación de Aguascalientes.
La Primera Sala también se pronunció en contra de la persecución judicial del aborto en el estado de Aguascalientes el pasado 30 de agosto. Esto generó una celebración masiva en las redes sociales, donde miles de personas compartieron mensajes de apoyo a la despenalización del aborto en México, utilizando el color verde, símbolo de la lucha por la eliminación de esta práctica como delito.
Este fallo extiende el cambio a nivel nacional, y es el resultado de una sentencia emitida hace dos años en el estado de Coahuila, que declaró inconstitucional la criminalización total del aborto y sentó un precedente que se ha aplicado de manera gradual por parte de los jueces en todo el país.