Jaque Mate: Zedillo y Acteal
Por: Sergio Sarmiento
"La verdad es generalmente la mejor vindicación ante la difamación".
Abraham Lincoln
No estoy de acuerdo en que se conceda inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal: todas las personas debemos ser iguales ante la ley. Rechazo que se le procese en Estados Unidos, aun en un juicio civil, porque es inaceptable esa jurisdicción universal que pretenden las cortes estadounidenses y que le niegan a los demás tribunales del mundo. En el fondo del asunto, sin embargo, no he visto ningún indicio de que Zedillo pudiera ser siquiera remotamente responsable por crímenes de guerra o de lesa humanidad por la matanza de Acteal.
La demanda de Connecticut es extraña porque no hay indicación de que haya sido presentada por las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997. Diez supuestas víctimas -que pidieron permanecer en el anonimato por "miedo a represalias"- promovieron una demanda civil y no penal en la que buscaban no un castigo corporal sino 50 millones de dólares en resarcimiento por la matanza. Las verdaderas víctimas, que pertenecen al llamado grupo de Las Abejas, han dicho que no son parte de ese proceso porque lo que quieren es justicia y no dinero a cambio de sus familiares muertos.
El ex presidente Zedillo piensa que su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, es la verdadera fuerza detrás de la demanda. Salinas responde que no tiene nada que ver y apunta que la demanda afirma que la matanza fue parte de un plan genocida montado por el gobierno en enero de 1994, lo cual lo convertiría a él en el verdadero arquitecto y a Zedillo en simple brazo ejecutor. Quienquiera que conozca las diferencias entre los dos ex mandatarios, tanto por la devaluación de 1994 como por el encarcelamiento de Raúl Salinas, se reirá de esta supuesta jugada de tres bandas en que Zedillo habría sido un obediente títere de Salinas. El supuesto plan genocida tendría que haber contado con la participación de miles de funcionarios y militares sin que ninguno lo confesara en 15 años.
En realidad la matanza fue producto de una ausencia y no de una intervención del Estado mexicano. El gobierno mexicano creó un vacío de poder al dejar la zona en manos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir de 1994. El EZLN declaró en 1996 la creación de un "municipio autónomo" en Polhó, dentro del municipio de San Pedro Chenalhó, que se regiría por "usos y costumbres". Las nuevas autoridades promulgaron "leyes" y tomaron propiedades y "expropiaron", en particular, una mina de arena que era la única fuente no agrícola de actividad económica.
Muchos indígenas afectados se negaron a aceptar estas medidas. Se les llamaba "priistas", no porque fueran miembros del PRI, sino porque mantenían su lealtad a las autoridades municipales de Chenalhó. Esta situación se tradujo en un conflicto. De enero a julio de 1997 hubo 22 asesinatos registrados oficialmente en la zona tanto de un bando como del otro. La "batalla de Acteal", el 22 de diciembre de 1997, fue la culminación de esa oleada de violencia.
Decenas de indígenas fueron detenidos por su participación en la matanza. Algunos parecían tener responsabilidad, pero muchos otros fueron procesados simplemente por ser "priistas" y haber sido señalados por sus rivales zapatistas. No había en realidad pruebas contra ellos. La Suprema Corte de Justicia los dejó por eso en libertad en 2009, si bien las autoridades no les permitieron regresar a sus tierras por temor a que estallara nuevamente el conflicto con los zapatistas.
No hay en lo ocurrido en Acteal ninguna indicación de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Pero sí hay una lección sobre las consecuencias de que el Estado deje un vacío de poder.
NORMA 29
Hoy empezará la Suprema Corte de Justicia a discutir la Norma 29 del Distrito Federal, la cual condena a los pobres a pagar precios más altos al prohibir el establecimiento de supermercados o tiendas de conveniencia en zonas populares.
Twitter: @sergiosarmient4
"La verdad es generalmente la mejor vindicación ante la difamación".
Abraham Lincoln
No estoy de acuerdo en que se conceda inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal: todas las personas debemos ser iguales ante la ley. Rechazo que se le procese en Estados Unidos, aun en un juicio civil, porque es inaceptable esa jurisdicción universal que pretenden las cortes estadounidenses y que le niegan a los demás tribunales del mundo. En el fondo del asunto, sin embargo, no he visto ningún indicio de que Zedillo pudiera ser siquiera remotamente responsable por crímenes de guerra o de lesa humanidad por la matanza de Acteal.La demanda de Connecticut es extraña porque no hay indicación de que haya sido presentada por las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997. Diez supuestas víctimas -que pidieron permanecer en el anonimato por "miedo a represalias"- promovieron una demanda civil y no penal en la que buscaban no un castigo corporal sino 50 millones de dólares en resarcimiento por la matanza. Las verdaderas víctimas, que pertenecen al llamado grupo de Las Abejas, han dicho que no son parte de ese proceso porque lo que quieren es justicia y no dinero a cambio de sus familiares muertos.
El ex presidente Zedillo piensa que su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, es la verdadera fuerza detrás de la demanda. Salinas responde que no tiene nada que ver y apunta que la demanda afirma que la matanza fue parte de un plan genocida montado por el gobierno en enero de 1994, lo cual lo convertiría a él en el verdadero arquitecto y a Zedillo en simple brazo ejecutor. Quienquiera que conozca las diferencias entre los dos ex mandatarios, tanto por la devaluación de 1994 como por el encarcelamiento de Raúl Salinas, se reirá de esta supuesta jugada de tres bandas en que Zedillo habría sido un obediente títere de Salinas. El supuesto plan genocida tendría que haber contado con la participación de miles de funcionarios y militares sin que ninguno lo confesara en 15 años.
En realidad la matanza fue producto de una ausencia y no de una intervención del Estado mexicano. El gobierno mexicano creó un vacío de poder al dejar la zona en manos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir de 1994. El EZLN declaró en 1996 la creación de un "municipio autónomo" en Polhó, dentro del municipio de San Pedro Chenalhó, que se regiría por "usos y costumbres". Las nuevas autoridades promulgaron "leyes" y tomaron propiedades y "expropiaron", en particular, una mina de arena que era la única fuente no agrícola de actividad económica.
Muchos indígenas afectados se negaron a aceptar estas medidas. Se les llamaba "priistas", no porque fueran miembros del PRI, sino porque mantenían su lealtad a las autoridades municipales de Chenalhó. Esta situación se tradujo en un conflicto. De enero a julio de 1997 hubo 22 asesinatos registrados oficialmente en la zona tanto de un bando como del otro. La "batalla de Acteal", el 22 de diciembre de 1997, fue la culminación de esa oleada de violencia.
Decenas de indígenas fueron detenidos por su participación en la matanza. Algunos parecían tener responsabilidad, pero muchos otros fueron procesados simplemente por ser "priistas" y haber sido señalados por sus rivales zapatistas. No había en realidad pruebas contra ellos. La Suprema Corte de Justicia los dejó por eso en libertad en 2009, si bien las autoridades no les permitieron regresar a sus tierras por temor a que estallara nuevamente el conflicto con los zapatistas.
No hay en lo ocurrido en Acteal ninguna indicación de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Pero sí hay una lección sobre las consecuencias de que el Estado deje un vacío de poder.
NORMA 29
Hoy empezará la Suprema Corte de Justicia a discutir la Norma 29 del Distrito Federal, la cual condena a los pobres a pagar precios más altos al prohibir el establecimiento de supermercados o tiendas de conveniencia en zonas populares.
Twitter: @sergiosarmient4
